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La reglamentación complementa la Ley 27.801, que ya fijaba la edad de imputabilidad en 14 años, y define cómo se implementará el nuevo sistema. Entre los aspectos centrales se encuentra la creación del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, profesionales especializados en educación, psicología, trabajo social y adicciones, encargados de acompañar y controlar los procesos de los adolescentes imputados.

El decreto también prevé la capacitación de jueces, fiscales y defensores, además de la conformación del Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, integrado por representantes de los ministerios de Justicia, Seguridad, Capital Humano y Salud. Este comité coordinará acciones de prevención, abordaje y reinserción social.

Asimismo, se crea la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, un espacio permanente de articulación entre Nación, provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de armonizar criterios técnicos y procesales, intercambiar experiencias y facilitar convenios de colaboración.

La normativa también contempla la atención integral de las víctimas, garantizando tutela efectiva, patrocinio jurídico gratuito y asistencia especializada. El decreto entrará en vigencia junto con la Ley 27.801 y faculta al Ministerio de Justicia a dictar normas complementarias para su implementación.

Autor: admin